Treinta y cinco años después del fusilamiento de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último Consejo de Guerra de la dictadura franquista, su viuda ha decidido presentar una demanda en Buenos Aires para pedir responsabilidades.
Silvia Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en la localidad española de Badajoz por su militancia en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).
Su marido, también de 21 años y miembro del FRAP, había sido detenido, juzgado por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose y condenado a muerte en el último Consejo de Guerra de la dictadura franquista.
Pese a la presión internacional y las gestiones del Vaticano para tratar de frenar los fusilamientos, la sentencia se cumplió el 27 de septiembre de 1975 -apenas dos meses antes de la muerte del dictador- y Sánchez Bravo fue uno de los cinco últimos ejecutados por el régimen de Francisco Franco.
Su esposa fue recluida en la cárcel madrileña de Yeserías sin juicio hasta que un informe médico, que advertía de los peligros que suponía el encarcelamiento para su embarazo, le permitió quedar en libertad provisional.
Silvia Carretero huyó a París, donde tuvo una hija, y no regresó a España hasta finales de 1976, cuando se aprobó la Ley de Amnistía.
Treinta y cinco años después, Silvia explica, en una entrevista con Efe en Buenos Aires, que ha decidido denunciar el caso de Sánchez Bravo y el suyo propio para exigir que se declare la ilegalidad del tribunal que condenó a muerte a su marido.
Afirma que ha mantenido un largo silencio porque consideraba que no se daban las condiciones en España para denunciar los hechos, pero la presentación, el pasado 14 de abril, de una querella en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo, le ha abierto una puerta con la que no contaba.
"Reclamo que se juzgue a todas las personas que participaron en esa represión", afirma Silvia, que defiende la inocencia de Sánchez Bravo y asegura que le arrancaron su confesión con torturas.
"Fue torturado con electrodos en los testículos, ahogamiento en aguas fecales y golpes con toallas mojadas, y estuvo orinando sangre hasta que lo mataron", recuerda.
"Siempre he querido que se anulasen esos juicios que habían sido ilegales, no tuvieron las mínimas garantías de defensa ni de respeto a los Derechos Humanos", denuncia.
Su demanda incluye también a los responsables de sus propias torturas, de las que todavía tiene marcas en los dedos de las manos y en las muñecas.
"Estoy convencida de que varios de los que me torturaron aún están vivos", apunta Silvia, que este lunes sumará su demanda a la querella de familiares de víctimas presentada en la Cámara Federal de Buenos Aires.
"No tengo miedo, nunca lo he tenido, pero la democracia es muy endeble. Ahora tengo una sensación de impotencia y si no consigo justicia aquí seguirá la impotencia de ver que la injusticia sigue", señala.
No obstante, admite que "ahora las cosas han cambiado" y "después de 35 años pienso que a lo mejor obtengo justicia en otro país. Ojalá", concluye.
La querella presentada a mediados de abril en la Cámara Federal argentina para que se investiguen los crímenes de la dictadura franquista se amplió el viernes con 16 nuevas demandas de víctimas gallegas.
Familiares de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos están dispuestos a seguir adelante con la querella pese a que el fiscal del caso, Federico Delgado, pide el rechazo de la causa por considerar que, si bien está probado que se trata de crímenes de lesa humanidad, no procede la investigación en Argentina porque hay procesos en marcha en tribunales españoles.
Esta opinión fue tomada con sorpresa por los abogados querellantes, quienes consideran que el análisis fue "Sumamente apresurado y desacertado", esgrimiendo que en España "otro es el objeto de la investigación"; ya que allá "están analizando las fosas comunes, mientras que acá se pide que se condene a los culpables", agregando que "Garzón investigaba 1952, y nosotros hasta 1977"
Los querellantes creen que "El fiscal antes de haber opinado tendría que haber investigado que estaba ocurriendo en España, donde ningún juez movió un papel" e indignados aseguran que "Estuvieron cerradas las causas en España, nunca se investigó"
Durante el transcurso de esta semana se espera conocer la decisión de la jueza Servini de Cubría si acepta la causa o rechaza la misma.
La querella solicita a la Cámara Federal de Buenos Aires que recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos de las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil y dirigentes de Falange Española.
Diario Crítico de Argentina
